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La Junta Electoral Central (JEC) ha ordenado a RTVE adelantar el debate a nueve previsto inicialmente para la medianoche de este miércoles. El órgano, tras recibir una reclamación de UPyD, ha resuelto que la emisión debe comenzar entre las diez y las once de la noche. "El propio plan de cobertura informativa de RTVE para estas elecciones señalaba que el debate se realizaría en horario de máxima audiencia", sentencia la resolución de la JEC, que apostilla: "La celebración de este debate ha de servir de medida compensatoria y suficiente frente a la emisión del debate a dos [entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez] en el que participarán los dos partidos políticos que obtuvieron mayor representación en las últimas elecciones al Congreso de los Diputados".
La Junta Electoral Central abrió este miércoles la posibilidad a posponer la celebración del debate a nueve a otro día: "En el caso de que concurriese circunstancias que determinasen la imposibilidad material de efectuarse en estas condiciones [este miércoles]". Pero RTVE ha anunciado, tras la resolución de la JEC, de que la emisión comenzará a las diez de esta noche: "A instancias de la junta electoral". A esa hora estaba previsto el programa de Bertín Osborne.

 

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Texto del Acuerdo:

 

Autor Representante General de Unión Progreso y Democracia

Objeto:

Escrito de denuncia contra Televisión Española solicitando la modificación de la hora de emisión de "El Debate de la 1. Debate a ocho" a una hora de verdadera "máxima audiencia", en cumplimiento del plan de cobertura informativa aprobado.

Acuerdo:

Estimar la solicitud de UPYD por los siguientes motivos:

La celebración del debate de referencia ha de servir de medida compensatoria efectiva y suficiente frente a la emisión del debate a dos en el que participarán los dos partidos políticos que obtuvieron mayor representación en las últimas elecciones al Congreso de los Diputados.

La Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 2009, en un supuesto análogo, declaró que "el interés público a que sirve RTVE, necesariamente vinculado en este caso a la garantía de los principios de igualdad, pluralismo y neutralidad informativa de los que venimos hablando, garantía materializada en ese debate a siete, debió ser hecho valer por la Junta Electoral Central frente al mantenimiento de la programación ordinaria (de RTVE)". Asimismo indicó que "el tratamiento a dar a las restantes formaciones que han dispuesto de grupo parlamentario propio -criterio utilizado por RTVE para definir los beneficiarios del "Gran Debate" y extendido al segundo a siete- no se aparte sustancialmente de las condiciones de realización y emisión observadas con aquellos. De no ser así se resentiría la igualdad de condiciones entre los contendientes en las elecciones, no se expresaría suficientemente el pluralismo político y social ni se respetaría la neutralidad informativa que debe mantener RTVE, precisamente, por no permitirse que la información que surge del debate a siete pueda llegar a los electores del mismo modo que la emanada de los debates a dos".

Por otra parte, en el presente caso debe añadirse que el propio plan de cobertura informativa de RTVE para estas elecciones señalaba que el debate a ocho se realizaría "en horario de máxima audiencia".

Por todo ello, esta Junta considera que el referido debate previsto para el día de hoy deberá iniciarse entre las 22:00 y las 23:00 horas, para cumplir con lo dispuesto en el referido plan de cobertura que presentó RTVE.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que concurriesen circunstancias que determinasen la imposibilidad material de efectuar el debate en las referidas condiciones horarias, RTVE podrá aplazar su celebración a fecha posterior en la que tales condiciones puedan ser cumplidas.

El presente Acuerdo es firme en vía administrativa. Contra el mismo cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 12.3.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todas las formaciones políticas salvo Partido Popular y Unión Democrática de Catalunya se han comprometido por escrito a recuperar por medio del consenso una gestión de la CRTVE plural, independiente, y no sujeta al control gubernamental. PSOE, Convergencia, IU, PNV, UPyD, y Grupo Mixto, más Ciudadanos y Podemos, se han adherido a un manifiesto de los Consejos de Informativos de RTVE en el que al menos se exige dos tercios de la cámara para elegir al presidente de la radiotelevisión pública. De esta forma se evitaría que un partido en solitario, aunque disponga de mayoría absoluta (como sucede ahora) pueda controlar RTVE y la convierta en una instrumento de propaganda a servicio del ejecutivo.
Entre los firmantes de este acuerdo se encuentran el portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, los líderes de Ciudadanos y Podemos, Albert Rivera y Pablo Iglesias, así como los representantes de cada formación en la comisión de control de RTVE en el Parlamento.
El PP había reformado al principio de la legislatura la ley de 2006 sobre la CRTVE para hacer posible que en segunda votación el Presidente de la Corporación pudiese ser elegido sin necesidad de ese consenso, lo que en opinión de los Consejos de Informativos ha supuesto el regreso a las prácticas de manipulación y censura que ya parecían superadas.
Este acuerdo no es más que un punto de partida básico que facilite a través del consenso la recuperación de los criterios profesionales y técnicos para la gestión de una radio y la televisión pública al servicio de todos.

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Cambio de gobierno en Argentina

Hernán Lombardi, quien estará a cargo de los medios públicos a partir del nuevo gobierno, adelantó que "lo único que sueño es que haya una televisión pública pluralista desde el primer día" y destacó que en la Ciudad de Buenos Aires "nunca hicimos 876, como dice Mauricio (Macri)"

En este sentido, aseguró que el presidente electo le pidió que "la televisión y radio estatal sea estatal, no gubernamental. Lo único que sueño es que haya una televisión pública pluralista desde el primer día", expresó.

El pleno del Parlament de este martes ha aprobado –por 32 votos a favor, 22 en contra y tres abstenciones– la toma en consideración de la modificación de ley de IB3, que establece en tres quintas partes de la Cámara, en lugar de en dos tercios actuales, los votos necesarios para la aprobación del consejo de dirección y del director general del ente público.

La toma en consideración hace referencia a una propuesta que ha sido defendida por PSIB, Més per Mallorca, Més per Menorca y Podemos, grupos que han explicado que este martes se inicia la tramitación ordinaria para que todas las formaciones presenten las aportaciones que consideren a través de enmiendas.

La propuesta ha contado con el voto en contra de PP y Ciudadanos y la abstención de los diputados del PI, que ha asegurado que participará de forma "muy activa para que haya consenso" y se saque adelante el nuevo modelo del ente público.

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Los Consejos de Informativos de RTVE presentaron este martes una campaña pública en apoyo a una RTVE independiente y plural. Fue en un acto en en el auditorio del Centro Cibeles, en madrid, donde se proyectó un vídeo con el título Despierta, en el que 20 personas relevantes de diferentes ámbitos y sensibilidades de la sociedad española (cultura, ciencia, deporte o judicatura) se suman a los representantes de los trabajadores de informativos que pretenden, de esa manera, "involucrar a toda la sociedad en la defensa de una RTVE independiente, plural, abierta a todas las sensibilidades y voces. Una RTVE de auténtico servicio público". El encuentro se convirtió en una reivindicación frente a la actual deriva del ente público al servicio exclusivo del Gobierno y de espaldas a la ciudadanía.

En el acto de presentación del audiovisual, y tras breves intervenciones de los presidentes de los tres Consejos de Informativos, tuvo lugar una mesa redonda en la que los periodistas Soledad Gallego, Rosa María Calaf y Gervasio Sánchez conversaron con Xabier Fortes, vicepresidente del Consejo de TVE. Para Gallego, el deterioro actual de los medios públicos involucra no solo a los profesionales que en ellos trabajan, sino al conjunto de los periodistas e incluso de los ciudadanos. Los primeros, para defender que la información debe ser veraz y plural. Los segundos, para no verse privados del derecho fundamental a recibirla. Afirmaciones en las que insistió Calaf, para quien estos medios cumplen –o deben cumplir– una misión esencial en democracia.

Por su parte, Gervasio Sánchez recordó que las malas prácticas informativas tenían una larga tradición en RTVE en el pasado y con gobiernos de distinto signo, y se lamentó de que en la actual etapa la censura y manipulación ha llevado a la pérdida de audiencias. Todos, no obstante, destacaron como la reforma llevada a cabo en 2006 produjo la etapa de mayor credibilidad en las informaciones de RTVE, ya que al menos permitió que las decisiones fueran tomadas por los profesionales al margen de instrucciones políticas.

Con un auditorio repleto, no solo de profesionales de RTVE, sino también de diversos medios y con una significativa presencia de miembros del colectivo de despedidos de Telemadrid, pioneros en la denuncia de las malas prácticas periodísticas en los medios públicos, intervinieron periodistas como Ana Bosch, quien puso de manifiesto con distintas anécdotas el pobre concepto que de la actual RTVE se tiene por parte de las democracias avanzadas. Por contraposición recordó que cuando se planteó la independencia de Escocia, entre las condiciones que ponían los separatistas si triunfaban era la permanencia de la reina como jefe del Estado, la libra esterlina y la BBC.

También intervino Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, que afirmó que estaba allí por su doble condición de ciudadano y periodista, ya que a ambas afectaba la existencia de unos medios públicos plurales y veraces. Maraña se preguntó hasta qué punto la mala administración y la manipulación de estos medios, con el consiguiente deterioro de su imagen y la audiencia, no forma parte de ideologías que buscan la desaparición de radios y televisiones al servicio de la ciudadanía. Por último dirigió unas palabras la primera presidenta del Consejo de Informativos de TVE, Yolanda Sobero, para poner en valor los deseos de la mayor parte de la redacción y de sus órganos de representación en la defensa de los valores del buen periodismo.

 

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Ciudadanos exige a cambio de su apoyo al proyecto de ley del Gobierno de Cristina Cifuentes (PP) para Telemadrid que asociaciones de profesionales elijan a los miembros del Consejo de Administración “para despolitizar” la cadena pública. “Es una condición innegociable”, advierte el líder regional del partido, Ignacio Aguado. El PP se muestra abierto a que, si no todos, la mayoría de consejeros sea designada de esta manera, y no por los partidos representados en la Asamblea de Madrid. Las asociaciones que designarían al Consejo serían la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) y la Federación de Consumidores y Usuarios de Medios de Comunicación (iCmedia).

La idea de Ciudadanos consiste en que la APM proponga, en principio, a tres de los siete consejeros de Telemadrid. El resto los elegirían a partes iguales la FAPE e iCmedia.

 

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Un medio de comunicación público es, en esencia, un servicio ciudadano. Debe ofrecer contenidos de calidad, útiles, independientes, veraces… ¿Es así? ¿Ocurre siempre? ¿Son libres los periodistas que ejercen en medios públicos? A menudo acarrean un lastre: las injerencias del gobierno de turno.

"Las presiones políticas existen, lo importante es que si no les haces caso no te pase nada", dice Fran Llorente, periodista y exdirector de los Servicios Informativos de TVE, que ha participado en la primera jornada 'Televisión pública: necesaria e independiente'.

Con una amplia presencia del ámbito universitario –han participado los decanos de las Facultades de Comunicación de Granada, Málaga y Sevilla–, el encuentro organizado por el Consejo Profesional de Canal Sur Televisión (CSTV) ha servido para reflexionar sobre el presente y el futuro de las televisiones públicas. Para explicar y analizar la función social, cultural y política de los medios y cómo los profesionales de la información lidian con la "obsesión por el control de la información".

 

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