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Los trabajadores de RTVE han presentado este jueves en el Congreso de los Diputados un escrito firmado por 2.225 profesionales de la radio y la televisión públicas en el que reclaman a los parlamentarios que adopten medidas urgentes para garantizar que el grupo estatal de comunicación "no sea utilizado como instrumento de propaganda partidista o gubernamental".

Según los consejos de informativos de las tres entidades de RTVE (TVE, RNE e Interactivos), esta es la mayor firma colectiva de profesionales del grupo estatal de su historia y su objetivo es reclamar a los grupos parlamentarios que tomen en consideración sus reclamaciones y avancen en una reforma consensuada de la radio y televisión públicas. Hace pocos meses, en una iniciativa similar, presentaron 1.500 firmas. La plantilla de RTVE está compuesta por 6.400 personas.

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El escrito reclama las Cortes Generales, como órgano de control de RTVE, un sistema "que garantice la independencia de sus profesionales, defendiéndoles "de decisiones discrecionales que hoy siguen relegando a muchos de ellos por criterios ideológicos, a pesar de su experiencia y saber hacer". El documento señala que, tal y como establece la ley, el servicio público de radio y televisión es un servicio esencial para la comunidad y la cohesión de las sociedades democráticas. Y especifica que "recuperar una radiotelevisión pública plural, imparcial, defensora de los valores constitucionales —incluido el derecho fundamental a la información—, es hoy más que nunca una cuestión de higiene democrática".

El documento recuerda a los partidos mayoritarios su compromiso —adquirido antes de la celebración de elecciones— en defensa de una televisión pública independiente y al servicio de los ciudadanos.

 

Nota de prensa

Ciudadanos quiere que la renovación pendiente de RTVE se haga por mayoría reforzada, lo que implica sumar al PP y al PSOE, y renuncia a aprovechar la reforma que introdujo el Gobierno 'popular' en 2012 para poder hacer nombramientos sólo con mayoría absoluta.

Cuatro de los consejeros de la Corporación de RTVE agotaron su mandato y están pendientes de renovación desde hace años. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impuso la elección por mayoría reforzada de dos tercios para que los miembros de RTVE, pero dada la situación de bloqueo que se produjo después, el Ejecutivo del PP cambió la ley en 2012 para rebajar los requisitos con el fin de que, en caso de desacuerdo, se pueda nombrar presidente solo con mayoría absoluta, lo que le permitió designar a José Antonio Sánchez, el actual titular.

La negociación para renovar esos puestos aún no ha comenzado, pero desde el partido naranja ya avisan que prefieren seguir las normas de la ley socialista y no la del PP. "Tenemos una posición respecto a RTVE --explica Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos--. Nosotros somos partidarios de entrada de que hagan falta dos tercios para nombrar al responsable, es decir, volver al sistema previo".

 

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RTVE cierra 2016 cumpliendo, por segundo año consecutivo, con el límite de gasto establecido en los Presupuestos Generales del Estado, fijado en 973,93 millones.

El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, ha trasladado al Consejo de Administración su satisfacción por estos datos. “Proseguimos por una senda de estabilización y consolidación de nuestras cuentas”, ha señalado Sánchez, afirmando que la actual situación financiera de RTVE “permite afrontar el futuro con mayor optimismo”.

Tanto el cumplimiento del “techo de gasto” como la reducción de la deuda están relacionados con el buen comportamiento de todas las partidas, suficiente para compensar el ligero aumento experimentado por los gastos de programas, tanto de televisión como de radio, cuyo importe alcanzó los 341,5 millones de euros, incluidos los correspondientes a la cobertura de los Juegos Olímpicos de Río (55 millones de euros).

En relación con los gastos indirectos, 2016 finaliza con una reducción de 4,6 millones sobre lo presupuestado, descendiendo hasta los 184,2 millones de euros, gracias al cumplimiento del Plan de Eficiencia y Sostenibilidad aprobado por la Corporación a finales de 2014.

Los gastos de personal, por su parte, se reducen en 2 millones de euros sobre lo previsto, circunstancia que se observa por primera vez en varios años. También se comportan en esta línea el resto de partidas de gasto, destacando entre ellas las amortizaciones, que descienden un 8%.

Por último, RTVE concluye 2016 con una reducción del 46,5% de su deuda financiera, descendiendo así de los 86,2 millones de 2015 a los 46,1 millones de 2016. Se trata del mejor cierre anual de tesorería de los últimos cuatro años, a excepción de 2014, ejercicio en el que los flujos de caja se vieron sustancialmente incrementados, tanto por la aportación de SEPI destinada a la recapitalización de la compañía, como por la venta de inmuebles. Este dato resulta especialmente relevante, por cuanto la previsión de ingresos procedentes de las aportaciones de los operadores de telecomunicaciones y de televisión resulta nuevamente inferior a lo presupuestado. Todo ello, en un ejercicio en que, además, hubieron de afrontarse mayores esfuerzos en la oferta de programas, incluida la cobertura de los Juegos Olímpicos.

 

Nota de prensa

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, ha propuesto un pacto para un nuevo modelo de programación y financiación de RTVE, a lo que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le ha contestado que la prioridad es adaptar la corporación a las nuevas tecnologías y los cambios en el consumo televisivo que suponen.

Hernando ha arrancado su pregunta en la sesión de control denunciando que el número de españoles que se informa en TVE ha bajado 20 puntos, del 39% al 19%, en los últimos cinco años, pese a sus "excelentes profesionales", y ha mencionado supuestas denuncias por manipulación, por el cambio en la forma de elegir a su presidente y por su modelo económico cuestionado, y ha inquirido a Rajoy si ha dado los pasos para convertir la corporación pública en la BBC, su modelo confeso, o cuáles va a dar para conseguirlo a partir de hoy.

Rajoy ha contestado que los profesionales de TVE son "plurales e independientes" y también los tertulianos, que "opinan como estiman oportuno", y ha afeado al PSOE el ERE que costó 2.500 millones al erario y la supresión de la publicidad, con la consecuente pérdida de ingresos. Además, ha presumido de que RTVE cerrará por primera vez el año sin déficit y de que los telediarios son los más vistos de todas las cadenas.

Hernando ha abogado por una RTVE de calidad, independiente, creíble y sostenible, y para ello propone al Gobierno y el resto de partidos "un gran acuerdo para un nuevo modelo de financiación, de gobernanza y de programación de servicio público, que garantice el futuro de RTVE y sus trabajadores, aprovechando que el PP no tiene mayoría absoluta". Y, tirando del hilo, le ha invitado a rectificar no sólo en este tema sino en las pensiones, cuya revalorización vetó el Gobierno; con los sindicatos, que anunciaron movilizaciones tras reunirse con él, y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de esta semana, para que no haya recortes a comunidades ni ayuntamientos.

 

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Los servicios audiovisuales públicos de España, estatales y autonómicos, se sitúan en los puestos de cabeza en Europa en términos de eficiencia. El conjunto de la radiotelevisión pública española está notablemente por debajo de la media europea en coste por habitante, hogar, PIB y poder adquisitivo (PPA), y sin embargo mantiene unos niveles elevados de productividad y calidad en su servicio.

Esta es una de las principales conclusiones que se desprenden del estudio Situación actual y tendencias de la radiotelevisión pública en Europa, liderado por la Universidad de Santiago de Compostela, en colaboración con las Universidades de Barcelona, Navarra, Castilla-La Mancha (Cuenca), Baleares, Andalucía (Málaga), País Vasco, Vigo y A Coruña. Se trata de un informe realizado para FORTA con el objetivo de analizar el impacto de los servicios audiovisuales públicos en un entorno social y económico a escala internacional.

Según el estudio, la media de coste por habitante de la radiotelevisión pública en la UE fue en 2014 de 66,9 Euros frente a 38,9 euros de España. La diferencia se dispara al compararlo con Dinamarca, país que lidera este dato con 164,1 euros de coste por habitante/año. El coste por hogar medio europeo se eleva a 156,2 euros frente a los 98,8 en total de España.

Otro dato significativo es su correlación con el PIB. El gasto en la UE es de 2,4 euros por cada mil euros de su PIB, mientras que en España baja a 1,7 euros por cada mil del Producto Interior Bruto destinado al servicio audiovisual público. Aún baja una décima más (1,6 euros) sobre el coste del poder adquisitivo (PPA sobre PIB) frente a los 2,4 euros de la media europea.

Además, las televisiones públicas de nuestro país han experimentado la mayor reducción presupuestaria de la UE en los últimos 5 años (-35,2 %), seguidas por las de países como Chipre (-32,7 %), Portugal (-29,9 %), Polonia (-17,4 %), Irlanda (-11,5 %) e Italia (-10,04 %).

 

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EDITORIAL "EL PAÍS"

La regeneración institucional que con tanto énfasis han prometido los grandes partidos en los últimos meses no puede dejar de lado a la radio y la televisión públicas. Unos medios imparciales son síntoma de buena salud democrática, pero cualquiera que sintonice los canales públicos (estatales, autonómicos o locales) podrá comprobar que la independencia y el pluralismo brillan por su ausencia.

Especialmente crítica es la situación de RTVE, gestionada como si fuera la corporación audiovisual del PP. Cambiar la ley para nombrar un presidente afín, como hizo Mariano Rajoy tras llegar al poder en 2011, es impropio de un país occidental. Esta reforma, como se ha visto, ha provocado un rebrote del sectarismo y una caída de la audiencia. Los partidos están en la obligación de alcanzar un pacto de Estado que devuelva a la televisión pública la credibilidad informativa, y pueda así afrontar una programación de calidad y no contaminada por los canales privados, cuyo único objetivo es conseguir audiencia.

La nueva legislatura debe restablecer de manera urgente el consenso para nombrar un presidente de RTVE independiente, ajeno a los vaivenes electorales, comprometido con la defensa del pluralismo informativo y avalado por una mayoría cualificada del Congreso de los Diputados, como se estableció en la ley de 2006.

 

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Las televisiones públicas europeas tienen ante sí un doble reto: la sostenibilidad financiera y su adaptación al ecosistema digital. Cada país tiene su propio modelo y el español no es el más caro pero sí el que más ha sufrido los recortes. Un estudio liderado por la Universidad de Santiago de Compostela desvela que el coste del servicio audiovisual español de titularidad pública, tanto estatal como autonómico, está por debajo de la media de comunitaria. RTVE y los entes regionales cuestan al año 38,9 euros por habitante frente a los 66,9 de promedio de las televisiones públicas de la UE.
Si se toma como referencia el coste por hogar o si se compara el peso de la televisión pública en el PIB, España está también en situación de inferioridad. Las familias europeas pagan de media 156,2 euros al año para sufragar la televisión pública, frente a los 98,8 euros que cuesta la española, una cantidad que se aporta de manera indirecta, a través de los impuestos. El servicio audiovisual público en la UE representa 2,4 euros por cada 1.000 euros del PIB, mientras que en España baja a 1,7 euros.

 

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Desde hace varias temporadas, una gran mayoría de los dirigentes socialistas y de otras formaciones de izquierda que acuden como invitados a los programas informativos de TVE lucen en la solapa un lazo naranja. La iniciativa, impulsada por los trabajadores de la corporación, nació como una expresión en favor de la televisión pública y, por extensión, como un toque de atención sobre la necesidad de defender una programación independiente y de calidad. Con el tiempo, se ha convertido en un gesto de protesta contra la actual etapa de gestión, encabezada por el periodista José Antonio Sánchez, designado presidente de RTVE en 2012 con el único respaldo de los diputados del PP.

Con 60 años recién cumplidos, la televisión pública reclama un hueco en la primera línea del debate político. La audiencia está bajo mínimos (TVE-1, el canal estrella, registra a menudo cuotas de pantalla por debajo del 10%), la parrilla se diferencia poco de la de los operadores privados, y los telediarios están permanentemente cuestionados por su inclinación a favor del Gobierno.

Las críticas no solo proceden de los partidos de la oposición. Los propios trabajadores advierten del declive de la cadena y del deterioro de uno de sus pilares fundamentales: los servicios informativos. A este clima contribuye la contratación de periodistas “afines al PP” para desempeñar los puestos clave. El malestar se ha redoblado esta semana como consecuencia de dos polémicos nombramientos: el de Elena Sánchez Pérez como directora adjunta de Los desayunos, y el de María José Sastre como editora del Telediario 1.

 

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