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Podemos, junto a ICV, IU y PSOE, han presentado una pregunta en el Parlamento Europeo con solicitud de respuesta escrita de la Comisión Europea ante la vulneración de los criterios de independencia y pluralismo en RTVE.

Esta iniciativa la ha presentado hoy Miguel Álvarez (Podemos), que ha reivindicado, durante una rueda de prensa celebrada en la sede del Parlamento Europeo en Madrid, un sistema de medios públicos "independientes, pluralistas, transparentes y participados por la sociedad civil". En la rueda de prensa han estado presentes representantes de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Teledetodos y los sindicatos CCOO, UGT, CGT y USO. Durante el acto se leyó un comunicado de los consejos de Informativos de RTVE en la que califican de "muy oportuna esta iniciativa" y llaman al acuerdo entre los partidos en aras del consenso más amplio posible en este asunto.

Manuel Aguilar, en nombre de Teledetodos, habló de la necesaria y urgente regeneración de la Corporación, para lo cual es ineludible un compromiso de las fuerzas parlamentarias que asiente un nuevo modelo de servicio público de comunicación de ámbito estatal.

El representante de CCOO, Francisco Pérez Huertas, se quejó de la merma del carácter de servicio público de la radiotelevisión española, algo en lo que han coincidido desde UGT, que ha criticado que esta situación ha llevado a que cada vez tenga menos audiencia y relevancia. Por parte de CGT, Mario Vallejo ha extendido el problema a la web del ente público, dirigido por personas elegidas "a dedo" sin cumplir con un perfil digital.

Ana Sieiro, de USO, ha denunciado que la "manipulación" ha llegado a la programación, con un descenso de producción propia en favor de las productoras y una ausencia de pluralidad en contenidos culturales y educativos, al tiempo que ha pedido la unión de RTVE y la Agencia Efe para recobrar un servicio público de calidad.

Por último, el portavoz de la FeSP, Agustín Yanel, ha urgido a un cambio en todo el modelo de la corporación en aras de la defensa de la libertad de información.

El nuevo Gobierno no para de prometer diálogo, diálogo y más diálogo. La nueva legislatura necesita de acuerdos y pactos para cambiar el rumbo de aquellas instituciones que durante los años de mayoría absoluta del PP han actuado de manera manifiestamente mejorable. Uno de los organismos que están pidiendo a gritos una reforma urgente es la radio y la televisión pública. RTVE, que acaba de cumplir 60 años, está inmersa en un agujero negro: tecnológicamente anclada en el pasado, informativamente desprestigiada por su alineamiento con el partido en el Gobierno y financieramente asfixiada por los sucesivos recortes en la subvención estatal.

En esta legislatura los partidos de la oposición tienen una oportunidad de oro para devolver la independencia a RTVE. La primera medida pasa por revertir la contrarreforma que abordó Mariano Rajoy en 2011 para elegir un presidente a su medida. El PP fulminó el artículo de la ley que exigía una mayoría de dos tercios del Congreso de los Diputados para nombrar al inquilino de Prado del Rey para que solo fuera necesaria la mayoría absoluta.

Además de un compromiso político firme para devolver la televisión pública al público, TVE requiere una financiación suficiente y estable para poner en antena una programación de calidad, que no se deje arrastrar por los formatos chabacanos que inundan los canales privados. Ha de estar a la vanguardia tecnológica, arriesgar con programas innovadores y adaptarse al mundo digital y a los nuevos modelos de consumo de contenidos.

 

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Los cuatro partidos principales rechazan la emisión de publicidad y cobrar un canon a los contribuyentes para financiar TVE, si bien PP, PSOE y Ciudadanos son partidarios de avanzar en los ingresos por el patrocinio de programas y la venta de producción propia, al igual que Podemos en este caso.

Además, PSOE, Podemos y Ciudadanos han coincidido en la necesidad, incluso urgencia de crear un consejo independiente que regule el sector audiovisual, mientras que el PP cree que es una cuestión "delicada" que se tiene que hablar, según han detallado las formaciones en un debate organizado por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) sobre el futuro de los medios públicos que recoge la Agencia Efe. Las discrepancias o los matices se han notado en asuntos como la elección del presidente y el consejo de administración de RTVE y cuál debe ser la formación y el perfil profesional de los miembros.

Previamente se ha presentado un estudio de la URJC que valora el regreso de las radios y televisiones públicas a la agenda del debate político y la necesidad de llegar a acuerdos debido al reparto de fuerzas en el Congreso.

 

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A La mañana de La 1 se le hace de noche en los tribunales. Los reveses de la Justicia en materia laboral no cesan para el programa de la cadena pública, más allá de sus luchas por la audiencia. Según ha podido saber EL MUNDO, el Juzgado de lo Social número 19 de Madrid ha reconocido a 15 profesionales "el carácter indefinido de la relación laboral" que mantienen con la corporación pública. La sentencia, frente a las tesis a favor de la temporalidad esgrimidas por la cadena, se fundamenta en que los trabajadores "fueron inicialmente contratados en fraude de ley, por lo que ya en ese primer momento les correspondía la condición de indefinidos".

El año pasado, el Juzgado de lo Social número 17 de Madrid expresó la nulidad del despido de 17 trabajadores con contratos temporales, fallo que obligó a la corporación a readmitirlos en La mañana de La 1 o en otros formatos de la televisión estatal.

Ambos grupos de demandantes de La mañana de La 1 comparten abogado, Jon Zabala, del despacho Iurisvox: "TVE vive desde hace años en una situación surrealista en materia de contratación. Tiene necesidades estructurales de personal que no puede cubrir con su personal fijo, lo que le lleva a contratar masivamente a trabajadores temporales en fraude de ley, utilizando contratos temporales de forma irregular para cubrir necesidades permanentes de empleo", explica Zabala a este periódico.

La cuestión ha explotado ya en el seno de RTVE, en concreto en el consejo de administración, su máximo órgano de gestión. Uno de sus miembros, Miguel Ángel Sacaluga (nombrado a propuesta del PSOE) había solicitado la relación de trabajadores convertidos en indefinidos, por lo que el asunto salió a relucir en la reunión del pasado miércoles. Enrique Alejo, director general corporativo, reconoció cómo 41 trabajadores de España directo han pasado a ser indefinidos por requerimiento de la Inspección de trabajo, para luego ser ubicados en distintas áreas, alguna tan crucial como la de Informativos. "Éste es un problema de mala gestión que está permitiendo engrosar la plantilla.Además, un 40% de los contratos temporales son de informadores, cuando no tenemos esa necesidad. Es más, algunos de los que firman esos contratos defienden al mismo tiempo que se haga un ERE", subraya Sacaluga.

 

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) confirmó hoy que el régimen de financiación de RTVE es compatible con la legislación comunitaria en materia de ayudas de Estado, al haber desestimado el recurso de DTS Distribuidora de Televisión Digital contra una sentencia anterior.

En la sentencia de este jueves, el tribunal europeo desestima el recurso de casación de DTS y confirma la sentencia del Tribunal General. Así, considera que el segundo estaba en lo cierto al estimar que las medidas fiscales no formaban parte del régimen de ayudas en favor de RTVE.

En este sentido, el TUE recuerda que el importe de la ayuda se fija de acuerdo con los costes netos relacionados con el cumplimiento de la misión de servicio público, por lo que los ingresos por las medidas fiscales no tienen ninguna influencia directa en la cantidad o en la concesión de la ayuda otorgada a RTVE.

Además, el Tribunal de Justicia subraya que una parte de los ingresos por el gravamen puede ser destinada a otros fines, como reasignarse a un fondo de reserva o al Tesoro Público. También destaca que la inaplicabilidad de las medidas fiscales no cuestiona la ayuda, puesto que el Estado debe completar la diferencia entre los ingresos y los costes para el cumplimiento de sus obligaciones de servicio público.

 

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El Coordinador Federal de IU y diputados de Unidos Podemos, Alberto Garzón, y el diputado valenciano de la misma formación Ricardo Sixto registraron en la Mesa del Congreso de los Diputados una iniciativa parlamentaria en la que exigen explicaciones por "la manipulación informativa" del director de RTVE en Murcia, Juan de Dios Martínez.

El PSOE y Ciudadanos pidieron el pasado viernes el cese de Martínez y Podemos una investigación de lo ocurrido, tras conocerse la grabación publicada por el periódico digital 'eldiario.es' en la que el director del ente público señalaba: "Las directrices las marco yo, absolutamente. Yo doy la información, ahora, como yo quiero darla. Lo que sale de ellos lo decido yo".

En un comunicado de prensa fuentes de IU señalaron que el escrito se fundamenta en "el propio reconocimiento de la manipulación informativa que realiza el director del centro territorial de RTVE en Murcia, Juan De Dios Martínez, que quedó registrado en una conversación grabada que se ha reproducido ampliamente en medios de comunicación y redes sociales".

 

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Una cuarta parte de los espectadores (el 24,9%) considera que los informativos de Televisión Española no son objetivos, según los resultados de una encuesta elaborada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Frente a esta valoración negativa, un porcentaje similar (23,9%) cree que sí son objetivos. Y en el caso de los espectadores habituales de los informativos de La 1, La 2 y el Canal 24 Horas el nivel de objetividad percibido se incrementa hasta el 45,4%, mientras que el 15,3% mantiene lo contrario.

Por tramos de edad, son las personas de 65 o más años quienes tienen una percepción de mayor objetividad de los informativos de la televisión pública. En el lado contrario, son los más jóvenes los que tienen una mayor desafección hacia estos contenidos, ya que solo un 25% de los que tienen entre 16 y 24 años declara ser espectador habitual de los informativos de RTVE.

 

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La corporación RTVE está obsoleta. Así lo percibe su accionista, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que es propietaria del 95,7% de las acciones. Dice que no ha sabido adaptarse al cambio de hábitos de los usuarios ni a un entorno audiovisual en transformación y, además, su estructura está desajustada tanto si se compara con otros operadores tradicionales como si se mide con nuevos actores del sector. Solicita que RTVE aborde “un plan estratégico o plan de futuro” para dar respuesta a los retos “internos y externos” a los que se enfrenta la televisión pública, cuya situación patrimonial es delicada.

En su informe de evaluación de la gestión de RTVE, que fue debatido en el seno del consejo de administración de la corporación en julio, la SEPI admite que el ejercicio 2015 ha sido “complejo” y resalta que el calendario político, marcado por las elecciones generales del 20 de diciembre “no ha sido el más favorable” para abordar los problemas de fondo de la televisión pública.

Según critica la SEPI, este sistema, que suprimió la publicidad de TVE y a cambio impuso tasas a los operadores de telecomunicaciones y a la televisión privada, “continúa planteando serias dificultades debido a su inestabilidad y a su indefinición y falta de transparencia en cuanto a la determinación de los ingresos, lo que no permite adoptar decisiones operativas a largo plazo”.

En el plano patrimonial, RTVE tiene también un grave problema. La SEPI no oculta que la situación al cierre de 2015 “ha vuelto a ser delicada”. El patrimonio neto de la corporación es de 772 millones, lo que representa el 68,8% del capital social escriturado (1.122 millones). Con esta cifra, RTVE “se acerca peligrosamente a la situación de reducción de capital obligatoria” que marca la ley.

 

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