COMUNICADO CONJUNTO CONSEJOS INFORMATIVOS DE RTVE
Los Consejos de Informativos de RTVE expresamos nuestra más profunda indignación y rechazo a lo que entendemos son maniobras dilatorias para retrasar y terminar por paralizar la renovación de los máximos órganos de la Corporación RTVE. Hoy, ignorando la costumbre de que la mesa conjunta Congreso-Senado tome sus decisiones por mayoría en votación conjunta, la presidenta del Congreso, Ana Pastor ha impuesto una votación separada para cada una de las mesas del Parlamento. Es difícil no interpretar en esta decisión una actuación de parte.
Por otro lado, nos es ya imposible dejar de señalar a los responsables de este retraso. Sobre la mesa existe un amplio acuerdo de toda la oposición que, en su conjunto, supera la representación parlamentaria del grupo popular. Dudamos, por lo tanto, del espíritu democrático de una actitud en la que una minoría bloquea a la mayoría utilizando los resortes del poder gubernamental y las instituciones que ocupan. Teniendo en cuenta que el acuerdo de la oposición está supervisado por los asesores legales de al menos tres partidos, entendemos que la resolución de dudas y mejoras del acuerdo no deben conllevar su paralización, especialmente porque ha transcurrido un mes sin que nadie las haya planteado.
A los profesionales de la información representados por los Consejos no se les escapa la situación en la que comenzarán las nuevas temporadas en septiembre, con una Presidencia y un Consejo de Administración en funciones, cuyo mandato legal estará caducado desde finales de junio, y compuesto por 9 miembros, de los que 6 fueron elegidos por el PP, 1 por un partido que ya no existe, CiU, 1 por PSOE y 1 por IU. Será imposible empezar a impulsar nuevos proyectos que nos lleven a una radiotelevisión nueva pensando en el futuro a largo plazo. Ese “modelo BBC” al que tantos y tantas veces se ha aludido y tomado como referencia. Pero, sobre todo, corremos el riesgo de seguir ofreciendo a los ciudadanos que pagan con sus impuestos la radiotelevisión pública y que por lo tanto tienen derecho a recibir un servicio de calidad, unos informativos dependientes del gobierno, parciales y totalmente faltos de la pluralidad que exigen las leyes españolas y europeas.
