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Crecen las quejas y demandas que reclaman la culminación del concurso público de 2018 para renovar la Presidencia y el Consejo de Administración de la Corporación RTVE, como motor de las reformas indispensables para su recuperación. Mientras el servicio público sufre la peor crisis de su historia, diversas entidades sociales amenazan ahora con dirigirse ante las instancias españolas y europeas, denunciando el prolongado inmovilismo del Parlamento y el Gobierno.

Tres años han pasado ya desde la aprobación, con rara unanimidad parlamentaria, de la Ley 5/2017 (29 de septiembre) que buscaba anular la contrarreforma del Gobierno de Rajoy de 2012 (elección por mayoría simple gubernamental), para volver a exigir mayoría parlamentaria reforzada de dos tercios para la elección de los máximos órganos de gestión de RTVE. Dos años largos han transcurrido también desde que, a propuesta del Gobierno y en tanto se sustanciaba el concurso público que según esta ley debería preseleccionar a los candidatos más idóneos, se designó como administradora única "provisional" a Rosa María Mateo (julio de 2018). Ese mismo mes comenzaron las sesiones de trabajo del Comité de Expertos, nombrado a propuesta de la totalidad de los grupos parlamentarios que, tras publicar sus baremos legales (BOE de 17-8-2018), actuó por general consenso para valorar y distinguir a 20 candidatos del casi centenar de aspirantes presentados (BOE de 18-12-2018).

¿Y después? Luego vinieron las elecciones generales del 30 de abril de 2019, que dieron la investidura fallida, con el expediente del concurso traspasado oficialmente de la XIII y a la XIV legislatura. Y los comicios del 10 de noviembre siguiente, que abocaron al Gobierno de coalición. Y después llegó la pandemia que embrolló todo. Mientras tanto y hasta hoy, el concurso público quedó congelado y la "provisionalidad" se instaló en RTVE. Con una primera y evidente consecuencia: la no aplicación de la ley de 2017, titulada precisamente "para recuperar la independencia" de RTVE "y el pluralismo en la elección de sus órganos" demuestra que el servicio público de radiodifusión sigue careciendo de ambas notas vitales.

Aunque con su singularidad actual, la historia de RTVE repite esta paradoja endémica de avances y regresiones con cada gobierno, de izquierdas o de derechas, en lo que algunos historiadores no han dudado en calificar de "fatalidad" del servicio público: el nacimiento de TVE en pleno franquismo (1956) habría creado un aparato de "régimen" dictatorial, cuyo supremo valor era la manipulación de los súbditos, una mentalidad que habría atravesado la pared de la transición para contaminar a los gobiernos democráticos.

Así, Suárez inició la transición de la dictadura poniendo a RTVE con Rafael Ansón al servicio de UCD y Calvo Sotelo anuló la virtud del primer Estatuto democrático de 1980, "dimitiendo" a Fernando Castedo. Como Alfonso Guerra arruinó las promesas socialistas con José María Calviño y Jordi García Candau y hasta Rodríguez Zapatero permitió que su reforma democrática de 2006 fuera descafeinada por María Teresa Fernández de la Vega con la "reforma" financiera de 2009 (eliminación de la publicidad sin modelo financiero viable alternativo) y con penalizaciones al servicio público en una ley general audiovisual escorada al polo comercial (2010).

Así, mientras la derecha explotaba al máximo la utilización partidista de RTVE al tiempo que deterioraba el servicio público, los gobiernos progresistas han coqueteado con las cadenas comerciales y preterido el servicio público. Hasta la última ilusión de ese pacto del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos que prometía la elección y renovación (…) del consejo de administración de RTVE, primando "los principios de mérito, capacidad, igualdad, paridad de género y prestigio profesional", y "mejorando el sistema de concurso público".

En cada ocasión, RTVE ha descendido varios escalones en su capacidad de referencia social. Pero ahora parece estar inmersa en una pendiente de caída libre en todos los planos. Sin presidencia ni consejo de administración elegidos por el parlamento, por vez primera en democracia, no solo incumple la ley de 2006 sino la propia constitución (art. 20.3: "la ley regulará…") perdiendo al mismo tiempo su legitimidad para las funciones que le son propias: nombramiento de directivos, aprobación de contenidos y presupuestos. De forma que las múltiples decisiones de estos dos años, normales en una gestión televisiva, como las remociones de directivos de radio o de centros territoriales, las sustituciones de corresponsalías claves, los cambios sustanciales de programación y sus frecuentes fracasos, suscitan en estas condiciones crisis periódicas internas y el deterioro creciente de su imagen pública.

Efectivamente, el servicio público "no pertenece a los gestores y tampoco a los trabajadores, sino a todos los españoles", pero eso se garantiza solo con el cumplimiento de las leyes y sus buenas prácticas. Porque RTVE tiene además su mandato marco anticuado y vencido desde diciembre de 2016 y carece siempre del contrato programa trienal que exige la ley de 2006, sin los cuales es inverosímil su misión social, y el cumplimiento del protocolo de Amsterdam (32 del tratado de constitución actual de la UE) que exige la proporcionalidad del dinero público con las funciones legales del servicio público, por lo que Bruselas podría expedientar a España en cualquier momento.

Peor aún, con su presupuesto de gastos congelado desde 2010, RTVE es incapaz de competir con el potente duopolio comercial de Mediaset y Atresmedia, y por supuesto de hacer una transición digital y multimedia que exige su propia supervivencia. Pero los déficits comienzan a crecer, con casi 30 ME de pérdidas en 2019 y previsiones pesimistas de unos 50 ME en rojo para 2020. Una caída que augura nuevos problemas políticos, porque la ley de 2006 (art. 13.2) preveía la dimisión en bloque del Consejo de Administración si se superaba en gastos el 10% de la compensación presupuestada por el servicio público; pero es difícil exigir el cese de un Consejo que no existe…

Termómetro insoslayable de la gestión deficiente de la corporación, desde que asumió el mando la dirección "provisional" (Julio de 2018), la 1 ha descendido del 10,5% de share medio al 9,2% de Septiembre de 2020 (con récords a la baja mensuales hasta del 8%), un deterioro de su peso social mucho más preocupante por cuanto que las dos cadenas privadas competidoras han mantenido básicamente en este tiempo sus cuotas, y porque esta pérdida de liderazgo incluye a los telediarios, corazón de su función social; con todos sus canales, el grupo público ha caído del 16,5 al 15,5% en comparación con la preponderancia creciente de Mediaset (28,2) y Atresmedia (27%), unas tasas que amenazan con la irrelevancia de servicio público a corto plazo (aun sumando el 8,15% de las TV.AA).

La impaciencia y la indignación parecen ganar enteros en los ambientes defensores del servicio público español. Así, si el pasado año el Comité de Expertos y algunos de los candidatos seleccionados pidieron al parlamento que culminara el concurso público, en Julio de 2020, el Comité protestó airadamente contra un dictamen de los letrados del Senado que pretendía la anulación práctica del concurso alegando que el Comité se había "excedido" en su autonomía, e incluso parecía reñir al parlamento por haber aceptado constreñir "el ámbito de la decisión política de las cámaras". El resultado habría sido volver a las cuotas militantes partidistas y a la manumisión de RTVE por los gobiernos de turno, porque el concurso se ha convertido en la clave de bóveda de todas las reformas indispensables.

En las últimas semanas, los 19 candidatos considerados idóneos, de todas las tendencias ideológicas, se han dirigido al Parlamento exigiendo concluir el concurso público para dotar a RTVE de una dirección estable y plural, y en el mismo sentido se ha pronunciado el Consejo de Informativos de RTVE. Por su parte, la asociación Teledetodos ha promovido un manifiesto con decenas de entidades ciudadanas y periodísticas, en las que da un paso más, amenazando con interponer quejas y demandas ante las autoridades españolas, como el defensor del pueblo o la CNMC, y europeas (el Parlamento europeo, el Consejo de Europa, organismo que ya emitió una "alerta" sobre la empecinada ausencia de presidente y consejo elegidos parlamentariamente para RTVE).

La convicción general es que los cuarenta años en democracia buscando a trompicones un modelo de servicio público democrático como el reconocido en el tratado constitutivo de la UE, no son ya soportables, y que RTVE y detrás las TV.AA. están ante su última oportunidad histórica. Especialmente cuando una larga trayectoria de las radiotelevisiones europeas occidentales muestra el camino de normas y "buenas prácticas" que hacen de sus servicios públicos puntales de la información y el debate democrático, de la creación y la difusión de la cultura, indispensables frente a la avalancha de programaciones comerciales, de contenidos basura, y a la hiperfragmentación de un público que pierde sus referentes simbólicos comunes.

Habitualmente empaquetada con el poder judicial, como una especie de guinda al pastel de ese consenso imposible con la oposición, la renovación del Consejo de RTVE es legalmente viable aun en el hipotético caso de un boicot de la derecha, porque según la ley de 2007, 15 días al menos después de una fallida votación por 2/3 de ambas cámaras, los nombramientos pueden salir adelante por mayoría simple si aúnan propuestas de la mitad al menos de los grupos parlamentarios existentes (disposición transitoria 1ª), una previsión factible en el Congreso (10 grupos) como en el Senado (ocho).

Las maldiciones, por tanto, no proceden de los dioses ni de hipotecas históricas irredentas, sino de los hombres, especialmente cuando se agrupan en partidos políticos españoles para conformarse como maquinarias miopes de poder a corto plazo, sin visión para preservar las plataformas vitales de la democracia, del diálogo y la construcción del consenso en la esfera pública, en cuya ausencia la polarización ideológica, la desinformación y la manipulación sistémica se convierten en la dinámica hegemónica de la opinión pública. Una conclusión que la COVID-19 no ha descubierto ciertamente pero sí ha venido a corroborar con todas sus amenazas, para la salud, para la democracia y para el desarrollo integral de nuestra sociedad.

Enrique Bustamante

La Corporación ha puesto su empeño para que este ejercicio democrático que supone un debate entre los líderes de las 4 formaciones políticas mayoritarias, se realice en la radiotelevisión de todos, ante unas elecciones trascendentales para España. Todo está preparado ya en el Estudio 1 de Prado del Rey para que el lunes 22 de abril, a partir de las 22:03 en directo, Pablo Casado (PP); Pedro Sánchez (PSOE); Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Albert Rivera (Ciudadanos) participen en el debate - el primero que realiza RTVE en su historia- que será moderado por el periodista Xabier Fortes. A las 20:00 habrá un programa especial “El primer debate. 28A: Tú decides”, presentado por Carlos Franganillo y Ana Blanco. A la finalización del debate, que tendrá una duración aproximada de 100 minutos, ofreceremos un programa de análisis que estará presentado por Íñigo Alfonso y Pilar García Muñiz.

El debate será ofrecido en directo por La 1, 24h, RNE, RTVE.es, y además por TVE internacional y Radio Exterior para los millones de españoles que viven fuera de nuestro país. RTVE está en conversaciones con la FORTA para facilitar la señal del debate a todos los medios audiovisuales públicos y está abierta a ofrecerla también a todos los medios que lo soliciten, cumpliendo con nuestra obligación de servicio público y con el objetivo de que este debate llegue a la mayor parte de la ciudadanía.

El acoso y los ataques a periodistas que informan sobre las protestas de numerosos ciudadanos en las calles de toda España se ha convertido en la tónica habitual. Si hace unos meses, veíamos cómo un grupo de ciudadanos afines a Vox y en contra del Gobierno hostigaban a algunos reporteros, ahora manifestantes antimascarillas lo hacían de nuevo al grito de “prensa española manipuladora”.

Este parece ser el lema común en cualquier ocasión. También durante la concentración realizada este domingo en Madrid por ciudadanos que se quejaban del uso obligatorio de la mascarilla ante la Covid-19 y que consideraban que la pandemia era toda una “farsa”. Los ánimos estuvieron tan caldeados que algunos participantes increparon, acosaron y escupieron a reporteros de televisiones como LaSexta y TVE.

contra mascarilla

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RTVE informa de su disposición a organizar el debate a cuatro con los cabeza de lista de PP, PSOE, UNIDAS PODEMOS Y CIUDADANOS el día 23 de abril de 2019.

Los medios de comunicación tenemos la responsabilidad social de facilitar las condiciones para que el debate entre los partidos políticos y sus líderes contribuya a formar la opinión política de los ciudadanos.

Los partidos políticos tienen la facultad de establecer los términos en los que se deben producir tales debates electorales.

RTVE, como medio de comunicación público, está comprometida legalmente a disponer espacios electorales en los que el contraste de ideas políticas resulte esencial. De ahí que en tiempo y forma presentáramos en la Junta Electoral nuestro plan de cobertura informativa que incluía dos debates -uno de ellos a seis, celebrado el pasado día 16-, y otro con los cuatro candidatos a la presidencia del Gobierno.

El debate, que será conducido por Xabier Fortes, se emitirá en directo desde el Estudio 1 de Prado del Rey por La 1, Canal 24H, RTVE.es, RNE y además por TVE Internacional y Radio Exterior para que pueda llegar a los millones de españoles que viven fuera de nuestro país. En su misión de servicio público y en aras a una mayor difusión, RTVE ofrece gratuitamente la señal a todos los medios audiovisuales españoles.

Por último RTVE, sin más interés que ser útil a la ciudadanía, reitera la invitación que personalmente se le ha ido haciendo a cada uno de los candidatos desde el anuncio del adelanto electoral para que acudan a la cita en la radio televisión de todos.

El comité de expertos que cribó las candidaturas a formar parte del consejo de administración de RTVE mediante concurso público, presidencia incluida, ha presentado ante las cámaras parlamentarias su "queja y firme protesta" por el informe de los letrados del Senado que se conoció el mes pasado.

Los encargados de evaluar las candidaturas durante el segundo semestre de 2018, en un proceso recurrido e inacabado -por lo que permanece en su puesto de administradora provisional única Rosa María Mateo-, han cargado contra el informe jurídico del Senado en el que a su vez se ponía en duda el trabajo de los expertos: "Llama la atención la coincidencia esencial entre este dictamen jurídico, aparentemente técnico, con las posiciones de lobbies e intereses conocidos que intentan poner siempre palos en las ruedas de la reforma democrática de RTVE, instando a una regresión hacia su principal enfermedad endémica: miles de profesionales y directivos honestos y eficaces, malogrados frecuentemente por cuotas de militantes partidistas".

El documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO y que está rubricado por 13 de los 17 miembros de dicho comité, tacha de "particularmente grave" la situación de la corporación, "marcada por dos años de dirección provisional, que por primera vez en su historia democrática carece incluso de un marco legal estable y de todo organismo de control interno (consejo de administración), y parece aquejada por una grave crisis interna y una caída acusada de las audiencias que amenazan su peso social y hasta su propia supervivencia".

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Radiotelevisión Española mantiene su oferta de realizar un debate a cuatro entre los cabezas de lista de los partidos con mayor representación parlamentaria. En el plan de cobertura, presentado en su día ante la Junta Electoral Central, se contemplan dos debates. El primero de ellos, realizado el 16 de abril en el Estudio 1 de TVE entre las seis formaciones con grupo político propio. El segundo debate entre los cuatro candidatos principales está previsto inicialmente para el 22 de abril, si bien RTVE, fiel a su naturaleza de servicio público, está abierta a poder hacerlo en fechas posteriores, siempre que las diferentes formaciones invitadas lo consensúen entre ellas.

RTVE ofrecerá a todos los medios audiovisuales españoles la señal de dicho debate, además de emitirlo en otros países a través de TVE Internacional, posibilitando su seguimiento por parte de los españoles que viven en el extranjero.

A la atención de los miembros de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación de RTVE y sus sociedades

En mi condición de parte del Comité de Expertos para la renovación de los miembros del Consejo de Administración de RTVE, tras conocer el contenido de la “Nota sobre la renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE”, fechada el 12 de marzo de 2020, en el Palacio del Senado, me permito transmitirles diversas consideraciones y peticiones.

En primer lugar, celebro que al fin se desencalle un concurso que lleva demasiado tiempo pendiente de resolución, dejando a la Corporación RTVE en una situación realmente anómala, máxime cuando el Real Decreto-Ley 4/2018, de 22 de junio —una modalidad normativa prevista constitucionalmente para casos de extraordinaria y urgente necesidad—, se justificó por la necesidad de desbloquear el proceso de nombramiento del nuevo Consejo de Administración de RTVE.

En segundo lugar, centrándome ya en los argumentos que se exponen en la referida nota, quiero subrayar que pienso —así lo expresé en un voto particular que consta en el acta de la reunión de 3 de agosto de 2018— que del mandato recibido por el Comité de Expertos no se deriva la posibilidad de declarar idóneos solo a 20 candidatos. También creo que ese mandato debería haber sido más claro.

Sin embargo, la letrada que nos asistía no puso objeciones al sentir mayoritario del Comité y este criterio —declarar idóneos a los 20 candidatos mejor puntuados siempre que obtuvieran 65 puntos— quedó finalmente recogido en la Resolución del Comité de Expertos de 10 de agosto de 2018 por la que se aprueba el baremo para la valoración de los méritos presentados por los candidatos. A la vez, esta resolución, publicada en el BOE de 17 de agosto, establecía un plazo de diez días para ser recurrida, cosa que entiendo que no ha sucedido.

Así las cosas y considerando la relevancia del principio de seguridad jurídica, en mi opinión, no se deberían admitir alegaciones sobre esta cuestión varios meses después de haberse cerrado el plazo para hacerlo. Es decir, entiendo que la interpretación que realiza el Comité de Expertos sobre el concepto de candidato idóneo deviene firme al no haber sido recurrida en tiempo y forma.

En tercer lugar, al hilo de las cuotas de género, me pregunto si, junto a las previsiones de la legislación en esta materia y tratándose de un concurso público, no se han de considerar otros principios que creo irrenunciables, como son los de mérito y capacidad.

Pienso que el sistema diseñado para el nombramiento del Consejo de Administración pone en colisión diferentes derechos y no veo con qué argumento jurídico las cuotas de género han de primar sobre los principios constitucionales de mérito y capacidad, máxime cuando estas cuotas no se han respetado en el nombramiento del Comité de Expertos donde esto era mucho más sencillo puesto que no había concurso público de por medio.

A partir de lo expuesto, y convencida del rol absolutamente nuclear de los medios públicos como punto de encuentro de diferentes sensibilidades en un contexto de una preocupante polarización política, someto a su consideración dos peticiones.

Por un lado, les ruego que respeten la Resolución de 10 de diciembre —con los matices que deban realizarse por posibles errores en la puntuación de algunos candidatos—, por cuanto el trabajo del Comité de Expertos se realizó atendiendo siempre a las recomendaciones de los asesores legales que esta Comisión puso a nuestra disposición. Además, la propia nota de 12 de marzo —aún sin considerar los plazos de recurso a que aludo en mi segunda consideración— apunta que esta solución es factible. Resulta perentorio cerrar este proceso y sería idóneo hacerlo con un amplio consenso, que a buen seguro agradecerían los excelentes profesionales de RTVE y la ciudadanía en general.

Por otro lado, absolutamente convencida de que la fórmula del concurso público implica una mejora en el modelo de gobierno de RTVE, les pido que, en cuanto se cierre el proceso de nombramiento de los miembros del nuevo Consejo de Administración, promuevan un debate para la reforma del procedimiento seguido en esta ocasión a fin de evitar que las fallas advertidas se reproduzcan. Si así fuera, me pongo a su disposición para colaborar en todo aquello que crean oportuno.

Atentamente.

Isabel Fernández Alonso

RTVE persiste en su propuesta de invitación de debate a cuatro para los cabeza de lista de PP, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos a la presidencia del Gobierno, en las elecciones generales del 28 de abril.

RTVE distribuirá la señal de este debate a las televisiones públicas y privadas españolas, al tiempo que lo retransmitirá a través de sus distintos canales y fuera de España para los millones de españoles que viven fuera de nuestro país, a través de TVE Internacional.

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