El nuevo Gobierno no para de prometer diálogo, diálogo y más diálogo. La nueva legislatura necesita de acuerdos y pactos para cambiar el rumbo de aquellas instituciones que durante los años de mayoría absoluta del PP han actuado de manera manifiestamente mejorable. Uno de los organismos que están pidiendo a gritos una reforma urgente es la radio y la televisión pública. RTVE, que acaba de cumplir 60 años, está inmersa en un agujero negro: tecnológicamente anclada en el pasado, informativamente desprestigiada por su alineamiento con el partido en el Gobierno y financieramente asfixiada por los sucesivos recortes en la subvención estatal.

En esta legislatura los partidos de la oposición tienen una oportunidad de oro para devolver la independencia a RTVE. La primera medida pasa por revertir la contrarreforma que abordó Mariano Rajoy en 2011 para elegir un presidente a su medida. El PP fulminó el artículo de la ley que exigía una mayoría de dos tercios del Congreso de los Diputados para nombrar al inquilino de Prado del Rey para que solo fuera necesaria la mayoría absoluta.

Además de un compromiso político firme para devolver la televisión pública al público, TVE requiere una financiación suficiente y estable para poner en antena una programación de calidad, que no se deje arrastrar por los formatos chabacanos que inundan los canales privados. Ha de estar a la vanguardia tecnológica, arriesgar con programas innovadores y adaptarse al mundo digital y a los nuevos modelos de consumo de contenidos.

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La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha publicado su primer informe sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones de servicio público audiovisual de la Corporación de Radio y Televisión Española (CRTVE) correspondiente al ejercicio 2014.

El control y seguimiento de la misión de servicio público por parte de una autoridad audiovisual independiente es un requisito esencial para garantizar el efectivo cumplimiento de dicha misión. No obstante, la inexistencia de tal autoridad, hasta la creación de la CNMC, ha tenido como consecuencia directa la ausencia de supervisión efectiva hasta este momento.

Con el objetivo de poner fin a esta falta de control, la CNMC ha elaborado este primer informe. De forma pormenorizada analiza el grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa audiovisual al prestador de servicio público. Así como los efectos que sobre el cumplimiento de las mismas han tenido las modificaciones en el sistema de financiación en los últimos años.

Respecto a este último punto, el informe concluye que el cambio realizado en el régimen de financiación de la CRTVE en los últimos años ha supuesto en la práctica una mayor incertidumbre presupuestaria. Ante este escenario, la CNMC recomienda revisar el sistema de financiación para garantizar su estabilidad presupuestaria.

En relación con el cumplimiento del servicio público, la CNMC considera que carece de algunos de los instrumentos de control que prevé la normativa (en particular, los Contratos-Programa). Se trata de una herramienta esencial, tanto para verificar que presta sus obligaciones como para facilitar la supervisión del regulador.

La CNMC advierte de que para elaborar este primer informe no ha podido contar con una metodología cualitativa que le permita verificar el cumplimiento íntegro de misiones tan relevantes como el pluralismo informativo. Ante la falta de este instrumento, se ha ceñido a realizar un análisis cuantitativo en relación con la presencia de los agentes políticos en los principales contenidos informativos de la TVE.

Tras un minucioso análisis, la CNMC concluye que, con carácter general, a lo largo del año 2014, la CRTVE ha cumplido con las obligaciones de servicio público encomendadas por la normativa sectorial. El informe señala, en particular, que la CRTVE está sometida a una gran variedad de obligaciones, muchas de las cuales no siempre son visibles para la ciudadanía, pero que condicionan de manera importante su labor y suponen un gran esfuerzo en términos presupuestarios y de recursos dedicados.

A La mañana de La 1 se le hace de noche en los tribunales. Los reveses de la Justicia en materia laboral no cesan para el programa de la cadena pública, más allá de sus luchas por la audiencia. Según ha podido saber EL MUNDO, el Juzgado de lo Social número 19 de Madrid ha reconocido a 15 profesionales "el carácter indefinido de la relación laboral" que mantienen con la corporación pública. La sentencia, frente a las tesis a favor de la temporalidad esgrimidas por la cadena, se fundamenta en que los trabajadores "fueron inicialmente contratados en fraude de ley, por lo que ya en ese primer momento les correspondía la condición de indefinidos".

El año pasado, el Juzgado de lo Social número 17 de Madrid expresó la nulidad del despido de 17 trabajadores con contratos temporales, fallo que obligó a la corporación a readmitirlos en La mañana de La 1 o en otros formatos de la televisión estatal.

Ambos grupos de demandantes de La mañana de La 1 comparten abogado, Jon Zabala, del despacho Iurisvox: "TVE vive desde hace años en una situación surrealista en materia de contratación. Tiene necesidades estructurales de personal que no puede cubrir con su personal fijo, lo que le lleva a contratar masivamente a trabajadores temporales en fraude de ley, utilizando contratos temporales de forma irregular para cubrir necesidades permanentes de empleo", explica Zabala a este periódico.

La cuestión ha explotado ya en el seno de RTVE, en concreto en el consejo de administración, su máximo órgano de gestión. Uno de sus miembros, Miguel Ángel Sacaluga (nombrado a propuesta del PSOE) había solicitado la relación de trabajadores convertidos en indefinidos, por lo que el asunto salió a relucir en la reunión del pasado miércoles. Enrique Alejo, director general corporativo, reconoció cómo 41 trabajadores de España directo han pasado a ser indefinidos por requerimiento de la Inspección de trabajo, para luego ser ubicados en distintas áreas, alguna tan crucial como la de Informativos. "Éste es un problema de mala gestión que está permitiendo engrosar la plantilla.Además, un 40% de los contratos temporales son de informadores, cuando no tenemos esa necesidad. Es más, algunos de los que firman esos contratos defienden al mismo tiempo que se haga un ERE", subraya Sacaluga.

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado este miércoles su primer informe de evaluación del servicio público que presta RTVE a la sociedad. La principal conclusión de este documento es que el actual sistema de financiación de la corporación no le proporciona la estabilidad económica necesaria para cumplir la misión que tiene asignada. Esto abre la puerta a la búsqueda de nuevas fórmulas para hacer la televisión pública sostenible, que podrían pasar por la vuelta de la publicidad a uno o varios de sus canales; o por cambiar la ley para permitirle aumentar sus ingresos por la vía de los patrocinios.

Desde el punto de vista de la CNMC, la inconsistencia de este modelo de financiación dificulta a RTVE el cumplimiento de los objetivos que debe perseguir, que están especificados en su Mandato Marco, en la Ley 17/2006 sobre la radio y la televisión de titularidad estatal; y en la propia normativa que regula sus ingresos y su techo de gasto (Ley 8/2009). No obstante, el informe elaborado por el súper-regulador también incide en que los constantes cambios que se han producido en la Presidencia del ente público durante los últimos años también han complicado el cumplimiento de su misión.

Las fuentes de la CNMC consultadas por Vozpópuli inciden en que este primer informe se ha realizado de forma muy general y con una metodología que se modificará en los próximos años para señalar con más precisión las carencias de RTVE. A partir de ahora, sus conclusiones se trasladarán a la comisión parlamentaria que evalúa el rumbo de la corporación.

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El Coordinador Federal de IU y diputados de Unidos Podemos, Alberto Garzón, y el diputado valenciano de la misma formación Ricardo Sixto registraron en la Mesa del Congreso de los Diputados una iniciativa parlamentaria en la que exigen explicaciones por "la manipulación informativa" del director de RTVE en Murcia, Juan de Dios Martínez.

El PSOE y Ciudadanos pidieron el pasado viernes el cese de Martínez y Podemos una investigación de lo ocurrido, tras conocerse la grabación publicada por el periódico digital 'eldiario.es' en la que el director del ente público señalaba: "Las directrices las marco yo, absolutamente. Yo doy la información, ahora, como yo quiero darla. Lo que sale de ellos lo decido yo".

En un comunicado de prensa fuentes de IU señalaron que el escrito se fundamenta en "el propio reconocimiento de la manipulación informativa que realiza el director del centro territorial de RTVE en Murcia, Juan De Dios Martínez, que quedó registrado en una conversación grabada que se ha reproducido ampliamente en medios de comunicación y redes sociales".

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Un informe sobre la gestión de RTVE elaborado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, al que ha tenido acceso ABC, pone en evidencia los aciertos y carencias en la gestión de la corporación el año pasado. La SEPI, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda que tiene entre sus funciones la tutela de la cadena pública, entiende que 2015 fue un «año complejo», en un contexto difícil «desde el punto de vista macroeconómico, sectorial y político». «Si bien las condiciones generales del país han empezado a mejorar (...), las principales limitaciones en cuanto a gasto público no han desaparecido», explica el texto, «con unos niveles de deuda y déficit público muy tensos, lo cual supone una de las principales incertidumbres para el modelo de financiación».

Uno de los puntos favorables del pasado ejercicio fue el nuevo tratamiento del IVA, que permitió una reducción del gasto de 78,7 millones, si bien esto «no ha sido suficiente para equilibrar la cuenta de resultados e incrementar la cuota de audiencia». En este sentido, el informe destaca que Mediaset logró el 31% y Atresmedia del 26%, «muy por encima de RTVE», con el el 16,7%. Se configura así, dice la SEPI, «un modelo de duopolio inédito en el contexto europeo». En este entorno, añade, la estructura operativa de la corporación «resulta ya claramente desajustada».

Por todo ello, el modelo actual de financiación sigue planteando «serias dificultades debido a su inestabilidad y a su indefinición y falta de transparencia en cuanto a la determinación de los ingresos». Eso impide adoptar decisiones operativas a largo plazo en un entorno donde es imprescindible hacerlo, y supone «una situación difícil de mantener». El mayor peligro, concluye la SEPI, es el deterioro de la audiencia, que terminó el año en el 9,8% de cuota en La 1, «nivel que puede considerarse crítico».

Otro de los factores que celebra la SEPI es que las medidas adoptadas en el marco del «Plan de sostenibilidad y mejora de la eficiencia» puesto en marcha en 2014 tuvieron «un impacto favorable, logrando una reducción de gastos generales de 14,3 millones». No obstante, no se alcanzó el objetivo en alguno de sus programas ni en los costes de personal, «lo que obligará a actualizarlo» en 2016. Otros puntos fuertes fueron la venta de productos, que ascendió a 14,2 millones, y los ingresos por patrocinios (16,9 millones). Asimismo, los gastos de explotación se redujeron notablemente respecto a lo presupuestado y al ejercicio anterior.

El resultado de explotación, por último, ascendió a 35,1 millones de pérdidas, «desviándose frente al presupuesto en 39,1 millones pero mejorando respecto al ejercicio anterior de manera sustancial, en 94,1 millones». Al menos a nivel operativo, concluye el texto, «es posible esperar una cierta estabilidad de mantenerse la corporación en los actuales niveles de actividad y de costes».

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La corporación RTVE está obsoleta. Así lo percibe su accionista, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que es propietaria del 95,7% de las acciones. Dice que no ha sabido adaptarse al cambio de hábitos de los usuarios ni a un entorno audiovisual en transformación y, además, su estructura está desajustada tanto si se compara con otros operadores tradicionales como si se mide con nuevos actores del sector. Solicita que RTVE aborde “un plan estratégico o plan de futuro” para dar respuesta a los retos “internos y externos” a los que se enfrenta la televisión pública, cuya situación patrimonial es delicada.

En su informe de evaluación de la gestión de RTVE, que fue debatido en el seno del consejo de administración de la corporación en julio, la SEPI admite que el ejercicio 2015 ha sido “complejo” y resalta que el calendario político, marcado por las elecciones generales del 20 de diciembre “no ha sido el más favorable” para abordar los problemas de fondo de la televisión pública.

Según critica la SEPI, este sistema, que suprimió la publicidad de TVE y a cambio impuso tasas a los operadores de telecomunicaciones y a la televisión privada, “continúa planteando serias dificultades debido a su inestabilidad y a su indefinición y falta de transparencia en cuanto a la determinación de los ingresos, lo que no permite adoptar decisiones operativas a largo plazo”.

En el plano patrimonial, RTVE tiene también un grave problema. La SEPI no oculta que la situación al cierre de 2015 “ha vuelto a ser delicada”. El patrimonio neto de la corporación es de 772 millones, lo que representa el 68,8% del capital social escriturado (1.122 millones). Con esta cifra, RTVE “se acerca peligrosamente a la situación de reducción de capital obligatoria” que marca la ley.

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La mayoría del pleno de las Cortes Valencianas ha recibido hoy con un cerrado aplauso la aprobación de la proposición de ley de creación de la nueva Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (radio y televisión). La norma ha salido adelante sin ningún voto en contra, dos años y ocho meses después de que el Gobierno de Alberto Fabra (PP) cerrase la Radiotelevisión Valenciana (RTVV).

PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos han votado a favor mientras que el PP se ha abstenido. En total, la proposición de ley que regula la nueva televisión autonómica valenciana se ha aprobado por 64 votos a favor y 29 abstenciones.

La ley introduce nuevos mecanismos de control y supervisión sobre la corporación de medios de comunicación. Prevé que el presidente se elija por convocatoria pública y se crean un consejo rector, otro de la Ciudadanía y otro de Informativos que elegirán las Cortes y otros organismos, no la Generalitat.

El PP ha justificado su abstención con la tesis de que esta ley es coincidente al 90 % con la anterior promulgada en 2012, pero "no consensuada, imprudente, no meditada, incorrecta e interesada".

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