Desde que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) impuso a las televisiones públicas y privadas los llamados "bloques electorales" -la obligación de informar en función de los votos que cada partido o coalición obtuvo en las anteriores elecciones y no por criterios periodísticos-, los profesionales de la información y sus organizaciones han criticado esa norma y se han manifestado públicamente contra ella con diversas formas de protesta.
La respuesta ha sido siempre la utilización del conocido refrán de “sostenella y no enmendalla”, lo que lleva a que las cadenas privadas no cumplan su obligación legal de respeto “al pluralismo político y social, así como a la igualdad, proporcionalidad y la neutralidad informativa”. Porque la proporcionalidad, introducida en la LOREG con la reforma de mayo de 2011, que también amplió ese criterio a las televisiones privadas, se contradice con la igualdad y la neutralidad al otorgar tiempos y orden distintos en función de un criterio que se importó de las normas referidas a los espacios gratuitos de propaganda electoral.
El nuevo panorama político ha desbordado las rígidas previsiones de la LOREG, hasta el punto de que la JEC ha tenido que dar instrucciones para que los medios también estén obligados a informar de las actividades electorales de los "grupos políticos significativos", que son aquellos que no se presentaron a las anteriores elecciones generales pero en otros comicios posteriores obtuvieron al menos el 5% de los votos.